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El Derecho y la Economía son dos caras de una misma moneda. Es imposible entender alguna de estas dos ciencias sin conocer, al menos, aspectos básicos de la otra.

Para entender Economía es necesario entender y manejar conceptos como el derecho de propiedad, las relaciones obligacionales que comprenden relaciones jurídicas crediticias, los derechos reales, y otras ramas no menos importantes del Derecho Privado, pero siempre bajo la órbita del Derecho Constitucional, desde el enfoque en que denominamos Bloque de Constitucionalidad a ese conjunto de normas fundamentales que emanan del texto constitucional, en un sentido de legalidad, razonabilidad e igualdad.

La recientemente asumida Ministra de Economía, Silvina Batakis, se encuentra ante una situación compleja, tanto desde el punto de vista político como económico. Si bien para el oficialismo estamos ante un notable crecimiento económico (que en verdad no es otra cosa que una recuperación cíclica), la ministra se enfrenta a desafíos como el acuerdo con el FMI, la constante pérdida de valor adquisitivo de la moneda, y el déficit fiscal. En definitiva, los problemas que Argentina no puede o no sabe resolver desde hace mucho tiempo: la deuda, la inflación y el gasto.

La serie de medidas presentadas, al parecer, no han llevado tranquilidad a los mercados, cosa que se ha visto reflejada en la disparada del precio del dólar. Esto sin dudas se ha producido porque ante la incertidumbre y la poca credibilidad que genera el gobierno y, más aún, el anuncio de políticas económicas heterodoxas que implican más participación del Estado en la actividad económica, sumados a un nuevo incumplimiento con el acuerdo al FMI, ningún alivio fiscal para los contribuyentes y un Estado increíblemente ineficiente e irresponsable con respecto al gasto que, al parecer no sabe cómo financiarse, la gente inevitablemente intenta encontrar algo de tranquilidad en el dólar.

La situación de crisis política en la que la Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner intenta hacer su jugada desligándose inteligentemente de toda responsabilidad y dejando al Presidente Alberto Fernández como la cara visible del inminente fracaso de un gobierno que nunca tuvo rumbo, es el principal problema, más allá del económico, que enfrentamos los argentinos.

Ciertamente la guerra ha repercutido en estas latitudes, puesto que en un mundo globalizado es inevitable, pero la incertidumbre política generada por el malestar y la división interna del gobierno, son los principales aspectos causales de la inestabilidad que, además, muestran a un Presidente sin cintura política capaz de sobrepasar con creces esta situación.

Un giro a la ortodoxia, es decir, un ajuste de shock con mayor disciplina fiscal, reducción del gasto, liberación del tipo de cambio, y baja tributaria, en principio sería regresivo. Sumado a la poca credibilidad del oficialismo solo habría lugar para dos escenarios posibles: el primero, significaría (quizás) la definitiva sepultura política del Frente de Todos (cada vez menos de “Todos” si es que alguna vez fue de alguien); el segundo, el resurgimiento de la Vicepresidente con intenciones presidenciales de cara a 2023. A mi juicio, el desenlace de estos escenarios tan hipotéticos como posibles, dependerá solo de la cuestión circunstancial del tiempo: es decir, de cuan temprano o tarde, las cosas sucedan.

Por otra parte, además del erróneo manejo de la Teoría Económica por parte del gobierno, cuyas medidas tendrán un triste desenlace, hay un notorio desmanejo de la cuestión jurídica. En materia constitucional, se pueden apreciar varios comentarios que significan una inconstitucionalidad, dentro de sus declaraciones.

Cuando la Ministra dice: “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”, ignora el artículo 14 de la Constitución Nacional, que defiende la libertad de tránsito, el artículo 16 que defiende la igualdad, y el artículo 17 que defiende el derecho de propiedad. No hay en este caso lugar para lo que se denomina ponderación, puesto que no tenemos dos derechos enfrentados como dice la Ministra, ya que el turismo no significa la no creación de puestos de trabajo. Es decir, el análisis es erróneo, pues una cosa no es consecuencia de la otra, y todos los derechos de las personas deben ser respetados.

Cuando se manifiesta que se les dará prioridad a determinadas personas para la compra de dólares por sobre otras, también caemos en una arbitrariedad inconstitucional, que viola el principio de igualdad mencionado antes.

Cuando se aplican medidas que restringen la compra de determinados productos, a los que se les gravan impuestos, caemos en una violación del derecho de propiedad, que intenta justificarse con las causas de utilidad pública ciertamente inexistentes.

Más allá de todas las interpretaciones posibles, que pueden dar lugar a arduos debates, lo cierto es que mientras seguimos discutiendo cosas básicas que el mundo ya ha resuelto, la cantidad de pobres e indigentes sigue aumentando. Y los políticos, como la expresidente de la Nación, cobran jubilaciones de millones de pesos, mientras sus propios votantes son víctimas del sistema que esos mismos políticos han ideado. Mientras millones de niños pasan hambre, el sector político sigue jugando al poder, discutiendo por cuál de todos los gobiernos ha sido el responsable de la situación actual, sin tomar el protagonismo y la responsabilidad que deberían.

En definitiva, gran parte del sector político, debe dejar de lado sus ambiciones personales, y responder como lo que supuestamente son: funcionarios al servicio del pueblo. Para esto se requiere dejar de lado algunas discusiones ideológicas, y comenzar a pensar soluciones técnicas. Siempre con la Constitución sobre la mesa.

Por: Julián Larrivey

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