¿Qué significa intervenir una provincia?

Desde hace unas semanas, la creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires ha llevado a que diferentes figuras políticas opositoras a la actual gestión de Axel Kicillof reclamen la intervención del Estado en la provincia. Esta inseguridad no se refiere solamente a las cosas materiales, sino también respecto a la conservación de la propia vida. Los casos de asesinatos en tierras bonaerenses son incontables: desde el asesinato del repartidor en Moreno, pasando por la señora baleada por una camioneta en Vicente López, hasta llegar al asesinato de Kim, una niña de 7 años en La Plata. La situación está llegando a un punto incontrolable.

En X, “#RenunciaKicillof” fue la principal tendencia, con aproximadamente 180.000 usuarios que utilizaron dicho hashtag. El mismo presidente, Javier Milei, se pronunció sobre la situación: “Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.

El constitucionalista Ekmekdjian y el jurista Bidart Campos nos dan dos definiciones interesantes para el concepto de “intervención federal”. El primero lo definió como un acto complejo, de naturaleza política, emanado del Gobierno federal, por el cual se limita o suspende temporariamente y en forma coactiva la autonomía provincial. Bidart Campos, mientras tanto, la calificó como un recurso extremo dentro del sistema de garantías constitucionales.

El artículo número 6 de la Constitución Nacional es el que prevé dicho instrumento y establece 3 posibles escenarios para hacer uso del mismo: el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia». Cabe recordar que en nuestro país las provincias son autónomas, pero estas entregaron su soberanía al Estado Federal. Es por esto que este puede suspender dicha autonomía de manera excepcional y temporal, a través de la designación de un interventor, para restablecer el orden.

Si vamos a los libros de historia, desde la sanción de la Constitución en 1853 hasta 1976, hubieron 174 intervenciones provinciales. Luego de la recuperación de la democracia en 1983, se intervino en Tucumán y Catamarca (ambos en 1991) y en Santiago del Estero dos años después. Al ver el uso recurrente (y en muchos casos, político) de este instrumento, en la reforma constitucional de 1994 se puso un límite a esta atribución: ese atributo pasó a estar en manos del Congreso. El presidente puede decretarla de manera excepcional solo si el Congreso está en receso, pero siempre el Poder Legislativo debe, posteriormente, aprobarla.

Desde entonces, solo hubo una intervención más: Santiago del Estero en 2004, la cual fue aplicada por Ley. En esta, el entonces presidente Néstor Kirchner consideró que la entonces gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez (esposa del caudillo Carlos Juárez) y miembro del Partido Justicialista alteraba la forma republicana de gobierno: había recibido múltiples denuncias de espionaje a opositores, corrupción y abusos judiciales.

Entonces, ¿qué necesitaría Milei para intervenir la provincia? Para empezar, debe demostrar que se cumple alguna de las condiciones anunciadas en el artículo 6 y, además, conseguir la mayoría de votos en las Cámaras de Diputados y Senadores. No se debe aclarar que es una decisión con un alto riesgo político. Por un lado, porque la provincia de Buenos Aires es uno de los bastiones de Unión por la Patria, el principal opositor al Gobierno. Por otro, porque va a desgarrar aún más la relación entre el Ejecutivo y las provincias, la cual está tensa por el problema de la coparticipación que desató un conflicto entre el Estado y las provincias patagónicas, como Chubut.

¿Valdrá la pena, en un año electoral, intervenir la provincia más importante del país?

Escrito por: Cáceres, Matías