
El reciente decreto del gobierno argentino que prohíbe la propaganda política en edificios públicos y la imposición partidaria en las escuelas marca un punto de inflexión en el debate sobre el uso del espacio estatal para fines ideológicos. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, busca impedir que las instituciones del Estado sean utilizadas como plataformas de adoctrinamiento o promoción política. Sin embargo, mientras se establece esta prohibición en el ámbito gubernamental y educativo de nivel primario y secundario, las universidades públicas siguen siendo bastiones de una militancia visible y, en muchos casos, dominante.
La contradicción universitaria
Cualquier estudiante que transite por los pasillos de una universidad pública en Argentina notará de inmediato la presencia abrumadora de carteles, murales y panfletos que promueven una agenda política específica. No es inusual encontrar afiches con mensajes que van desde consignas sindicales hasta llamados a movilizaciones o protestas, organizadas por agrupaciones de izquierda. Estos mensajes, lejos de ser meras expresiones individuales, reflejan la presencia activa de grupos políticos que, en algunos casos, terminan monopolizando la vida universitaria y desplazando cualquier otra perspectiva ideológica.
La paradoja es evidente: mientras el gobierno prohíbe la propaganda en otros espacios públicos, las universidades, financiadas con el mismo dinero del Estado, continúan siendo escenarios de activismo político permanente. Si bien la autonomía universitaria es un principio fundamental, esto no debería traducirse en un permiso implícito para que ciertos sectores impongan su visión sin permitir un verdadero pluralismo.
¿Libertad de expresión o adoctrinamiento?
Los defensores de esta militancia argumentan que la universidad debe ser un espacio de debate y compromiso social, donde los estudiantes puedan organizarse y expresar sus ideas. No obstante, cuando la presencia de ciertos grupos es tan dominante que excluye, silencia o desanima a quienes tienen posturas diferentes, la pluralidad de pensamiento se convierte en una ilusión. La presión social dentro de las universidades puede generar un ambiente donde disentir con la ideología predominante signifique ser etiquetado de inmediato como opositor o reaccionario.
Este fenómeno no es exclusivo de Argentina, pero en el país ha alcanzado un nivel en el que ciertos sectores consideran normal que la educación superior esté atravesada por consignas políticas que no siempre representan la totalidad del estudiantado. La pregunta que surge es: ¿Por qué en otros espacios públicos se busca erradicar la propaganda política, pero en las universidades se acepta, e incluso, se fomenta?
Hacia una universidad verdaderamente plural
El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de evitar que las universidades se conviertan en extensiones de determinados movimientos políticos. La educación superior debería ser un espacio de formación académica, de pensamiento crítico y de discusión abierta, sin que una ideología en particular predomine al punto de convertirse en la única voz válida.
Si la prohibición de propaganda política en edificios públicos busca garantizar la neutralidad del Estado, debería al menos abrirse el debate sobre si las universidades públicas deben continuar funcionando como escenarios de militancia casi exclusiva de un sector. La pluralidad no se construye con la imposición de un solo discurso, sino con la verdadera convivencia de diversas ideas en igualdad de condiciones.
Escrito por: Torrens, Máximo