Patricia Bullrich vs. La ONU

En una reciente declaración, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado como «ilegal» el Protocolo de Seguridad propuesto por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Tres relatores especiales de la ONU expresaron su preocupación y cuestionaron las medidas implementadas, argumentando que no son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y democracia.

En un comunicado conjunto, los relatores destacaron la importancia del derecho a la reunión pacífica como un pilar fundamental de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, el respeto de los derechos humanos, la legalidad y el pluralismo. Subrayaron que la principal obligación de las fuerzas policiales es facilitar las protestas pacíficas y garantizar el ejercicio de los derechos que convergen en ellas.

La crítica principal de la ONU se centra en la disposición de Bullrich que considera las protestas y cortes de calle como delitos flagrantes. Los relatores señalan que esta medida podría llevar a la criminalización de la protesta social mediante el uso del derecho penal. Argumentan que catalogar cualquier reunión como violenta o delictiva de antemano va en contra de los estándares internacionales.

En este contexto, los representantes de la ONU hicieron hincapié en que las fuerzas de seguridad solo deberían dispersar a los manifestantes en caso de una amenaza inminente de violencia grave. La libertad de reunión pacífica, según los estándares internacionales, es un derecho y no un privilegio. Así mismo, resaltaron que la sociedad en su conjunto tiene el derecho de conocer las demandas de quienes ejercen este derecho.

Los relatores Clement Nyaletsossi Voule, Irene Khan y Mary Lawlor, instaron a Argentina a revisar el Protocolo de Seguridad y el proyecto de ley ómnibus para asegurar su compatibilidad con las normas internacionales y garantizar que no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica.

En respuesta a estas críticas, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó las afirmaciones de la ONU. En sus declaraciones, cuestionó la comprensión de los relatores sobre la situación en Argentina, argumentando que carecen de una visión completa y objetiva de los desafíos que enfrenta el país. Bullrich defendió la postura del gobierno argentino y afirmó que las medidas son necesarias para abordar las situaciones de caos que ha experimentado el país.

Este pronunciamiento de la ONU destaca la importancia de garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el marco de la seguridad nacional y plantea un desafío significativo para el gobierno argentino en la búsqueda de un equilibrio entre el mantenimiento del orden público y el respeto a las libertades individuales.

Los comentarios expresados por algunos ciudadanos destacan la percepción de una doble moral por parte de la ONU, cuestionando su capacidad para abordar problemas globales, como la hambruna en algunos continentes, mientras critican medidas locales destinadas a mantener el orden público.

Las críticas también apuntan a la noción de «reunión pacífica» según los estándares internacionales, argumentando que las manifestaciones a menudo involucran disturbios y acciones que van más allá de la simple expresión de opiniones. La sensación de que la ONU podría no comprender completamente la realidad de las protestas en Argentina se manifiesta en comentarios que sugieren una falta de conocimiento sobre las particularidades de la situación en el país.

Este rechazo hacia las declaraciones de la ONU puede tener implicaciones en el ámbito interno, generando un clima de desconfianza hacia las instituciones internacionales y sus recomendaciones. Al mismo tiempo, podría alimentar la polarización política y social en Argentina, ya que la manifestación de apoyo a José Luis Espert no solo refleja una posición contraria a las críticas internacionales, sino que también puede convertirse en un factor adicional en la división de la sociedad argentina.

En un contexto más amplio, esta situación destaca la importancia de abordar las preocupaciones y descontentos de la población de manera local y efectiva. Las autoridades argentinas podrían verse desafiadas a encontrar un equilibrio entre garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, y abordar las preocupaciones legítimas sobre el orden público y la seguridad ciudadana. La gestión de estas tensiones será crucial para mantener la estabilidad y la cohesión social en el país.

Escrito por: Torrens Máximo