Imágenes sin nombre se repartieron este fin de semana en todos los medios: diputados parados en el centro del recinto frente a las autoridades, gritándose violentamente unos a otros. Cánticos que acusan violencia, asesinato, ilegalidad, gestos vulgares y arrebatos institucionales nos hacen cuestionar la característica “honorable” de la Cámara de Diputados de la Nación.
Con una juventud que ya no cree en la política, ¿qué esperanza pueden encontrar los jóvenes cuando situaciones como esta son encontradas en los organismos estatales? ¿Qué esperanza hay si son nuestros representantes los que intencionadamente se llevan por delante las normas? La situación, con o sin contexto, fortalece la idea que la sociedad argentina tiene desde hace ya varios años: la política no sirve para nada; está podrida.
El motivo del conflicto tiene origen en el día anterior, cuando se da a conocer que la Presidenta de la Cámara de Diputados (Cecilia Moureau) suspendió la designación de 4 diputados para ser miembros del Consejo de la Magistratura que ella misma había propuesto, designado y comunicado formalmente, dejando pendiente solo la jura de los mismos. Esta suspensión viene a ser “justificada” por una resolución del juez Martín Cormick, a la que Moureau acata sin defender su previa resolución. La incoherencia de su accionar deja en claro su incompetencia, irresponsabilidad y falta de compromiso con su cargo.
El Consejo de la Magistratura sirve principalmente como un órgano de selección de jueces a nivel federal y como un intermediario para conflictos relativos al poder judicial, ya que en él se encuentran representantes de diversos actores políticos: consejeros de la Cámara de Diputados y de Senadores, miembros del poder judicial, académicos y abogados. Funcionando así como un espacio de «resolución» de conflictos. Al menos, en teoría.
Ya en el día de la querella, debía realizarse en la tarde una sesión ordinaria para debatir la creación de universidades y, en la mañana, una sesión preparatoria en la que se llevaría a cabo la elección de las autoridades del recinto. Ninguna de las dos sesiones previstas era posible sin la presencia efectiva de al menos 129 diputados.
Ante los conflictos previos relativos al Consejo de la Magistratura, JxC se niega a dar quórum para una reelección de Moureau en su cargo. El oficialismo, entonces, solo llega a juntar 123 de 129 diputados requeridos en sus bancas.
Posteriormente, y en un contexto de arrebato institucional sin precedentes, se procede con una sesión ordinaria. El oficialismo, con intenciones de sesionar, tenía 45 minutos para conseguir que 129 diputados se sienten en sus bancas, y lo consiguieron, pero una hora y media después. Esta tardanza hace que la sesión que la presidenta ya había dado por iniciada sea completamente ilegal y en contra del reglamento. Los diputados opositores pedían la palabra para denunciar esto y se les era negada, generando un clima que supera los límites del mero desacuerdo.
Por ende, es ilógico seguir sesionando ordinariamente con diputados opositores a los gritos pidiendo la palabra y con el tremendo desorden institucional habilitado por el oficialismo (con claras intenciones si analizamos que, días después, martes 6 de diciembre, se iba a dar a conocer el veredicto de la causa contra CFK).
No se podía permitir que se siga sesionando de manera tan informal. Las autoridades reconocían (erróneamente) que había quórum, habilitándolos a sesionar y tomar una decisión sin la participación de JxC y demás opositores, generando así una fuerte, y en algunos casos criticable, reacción en este sector.
La denuncia de la oposición y su decisión de no dar quórum ese día para la reelección de la presidenta por sus actos incompatibles con su función son legítimas. La sesión ordinaria que le seguía, sin embargo, podría haberse llevado a cabo sin problemas, y no dar quórum para la misma supone un obstáculo para el normal funcionamiento del recinto.
Por otro lado, una de las violentas reacciones se pudo ver desde el sector del PRO. Ante la falta de seriedad generalizada en casi todo el recinto, el diputado Ritondo realiza gestos alusivos a una violación mientras se retira del lugar. Significa un completo atraso para la sociedad que un miembro de la Cámara de Diputados, un funcionario público, se dirija a otra persona con gestos machistas y completamente desubicados, dignos de una cancha de fútbol, y que no se justifican en lo absoluto por la informalidad y desenfrenado desorden del recinto.
Me entristece saber que la dificultad para cambiar la idea trágica de la política que tiene la sociedad se potencia con situaciones como esta. Pero aquí entra nuestro rol como juventud. La desesperanza de los mayores siempre nos va a calificar de ingenuos o inocentes cuando nos mostremos defensores de la política como medio para el mejoramiento de la sociedad, pero incluso aunque ya no lo seamos y nos hayamos dejado llevar por la decepción, no podemos permitir que nuestra resignación deje que cada uno haga lo que quiera. Aunque nuestros representantes sean incompetentes, aunque la política llame cada vez menos nuestra atención, defendamos lo mínimo: la democracia.
Los valores democráticos, el respeto inmaculado por las instituciones y sus normas y el deseo de orden son lo único que nos puede salvar de esta caída socio-política en picada. Militando, estudiando o trabajando, pero conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor; informados. Y sobre todo, reaccionando con altura a las adversidades, y con tolerancia a los adversos. Seamos el tipo de gente que queremos para la política. Las instancias democráticas son lo que le da estructura a nuestra vida cotidiana aunque no nos demos cuenta; no las dejemos de lado.
Por: Lucia Gaitan