El Senado rechaza las candidaturas de Lijo y García-Mansilla

La semana pasada, el Gobierno sufrió un duro revés: el Senado rechazó por mayoría los pliegos del juez federal Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla, las dos personas propuestas por el presidente Javier Milei para ocupar los cargos de jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Nuestra Corte Suprema debe estar compuesta por cinco jueces. Tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y el retiro de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024, Milei buscaba completar el tribunal mediante estas designaciones por decreto. Ambas personas se hubiesen sumado a Horacio Rosatti (actual presidente del órgano), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como miembros de la Corte.

Ahora, si bien Lijo optó por no renunciar a su cargo de juez federal y aguardar el tratamiento de su candidatura por parte del Senado, García-Mansilla juró dos días después de su nombramiento por decreto y asumió como cuarto ministro del tribunal. Sin embargo, duró tan solo 39 días en el puesto, ya que presentó la renuncia indeclinable a su cargo luego de que la Cámara Alta rechace su candidatura.

Muchos califican a la sesión en la que se trató esta cuestión como “sin precedentes”. Es la primera vez, desde 1983, que el Senado rechaza en el recinto el acuerdo a un candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para un cargo judicial que requiere mayoría agravada. Por otro lado, es una de las pocas ocasiones en la que la mayor parte de los bloques kirchneristas, la UCR y el PRO coinciden en una votación.

¿Cómo fue el resultado de las votaciones? El pliego de Lijo fue rechazado por 43 votos en contra, 27 a favor y una abstención. El de García-Mansilla, en tanto, terminó vetado por 51 senadores y apoyado solo por 20. Ambos necesitaban el respaldo de los dos tercios de los presentes para convertirse en jueces de la Corte.

Según los analistas, ambos candidatos pagaron caro la obstinación del Gobierno, que se negó a buscar los consensos que exige la Constitución, y la estrategia diseñada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, de forzar la letra constitucional y designarlos por decreto “en comisión” en el máximo tribunal para sortear la falta de votos en el Senado.

Esta maniobra despertó muchos rechazos, tanto en “aliados” como en enemigos. La senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, declaró que “el presidente fue por la banquina, faltaban 3 días para iniciar el período ordinario de sesiones (cuando firmó el decreto), no respetó el espíritu de la letra Constitucional”. Al mismo tiempo, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, conocido por colaborar con el oficialismo, dijo que la designación por decreto de ambos jueces “parece más una actitud de querer demostrar que puedo interpretar la Constitución a mi modo y seguir adelante”.

Por su parte, la Oficina del Presidente no tardó en emitir un comunicado al respecto. En este, por supuesto, repudia la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos por el presidente para integrar la Corte Suprema de Justicia. Además, recrimina que “durante el último año, los senadores tuvieron a disposición los pliegos de los Dres. Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa vigente (…). Sin embargo, luego de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

Luego, continúa: “Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”.

Entonces, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? Sin lugar a dudas, tendrá que encontrar nuevos candidatos y respetar el proceso de nominación establecido en la Constitución. También buscará, a modo de contraofensiva, impulsar el tratamiento de la “Ley de Ficha Limpia” en el mismo recinto. Esta busca modificar las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner.

Escrito por: Cáceres, Matías