El escándalo del senador Edgardo Kueider ha sacudido no solo a la política argentina, sino también a la paraguaya. Con 211.000 dólares, 646.000 pesos argentinos y casi 4 millones de guaraníes incautados en una camioneta que ingresaba a Paraguay, las sospechas de corrupción, lavado de dinero y contrabando marcan este caso como uno de los más controversiales del último tiempo.
El incidente ocurrió en Ciudad del Este, cuando las autoridades paraguayas detectaron una mochila negra cargada de efectivo en el vehículo que transportaba a Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa. Según la joven, los fondos pertenecían a la empresa paraguaya GOLDSUR S.A., y el propósito era adquirir cosméticos, una explicación que ha sido puesta en duda por su falta de detalles concretos.
Los documentos aportados por Guinsel Costa vinculan su poder de representación con GOLDSUR S.A., pero hasta ahora no se han presentado pruebas concluyentes que respalden esta afirmación. Las autoridades paraguayas y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en Argentina han iniciado investigaciones para rastrear la procedencia y el destino final del dinero.
Los fiscales no descartan que los fondos estuvieran destinados a una operación inmobiliaria en el exclusivo Paraná Country Club, conocido por casos de crimen organizado. También surge la posibilidad de que la empresa GOLDSUR S.A. sea una entidad fantasma utilizada para lavar dinero. Este tipo de estructuras son comunes en Paraguay, especialmente en el sector de la construcción.
Otro elemento que refuerza las sospechas es la frecuencia con la que Kueider y su secretaria cruzaron la frontera este año. Registros muestran viajes en marzo, junio, octubre y ahora en diciembre. Este patrón plantea preguntas sobre el propósito de estas visitas.
Un punto crítico en la investigación es la ausencia del secuestro de los teléfonos móviles de Kueider y Guinsel Costa. Estos dispositivos podrían proporcionar información crucial sobre las transacciones y comunicaciones previas al escándalo. Sin embargo, hasta ahora solo se han solicitado registros de llamadas entrantes y salientes.
El caso ha generado un terremoto político en Entre Ríos, provincia natal de Kueider, y ha impactado a nivel nacional. El kirchnerismo busca una sesión especial para destituir al senador, lo que abriría la puerta para que Stefanía Cora, de La Cámpora, asuma su lugar. Como respuesta, el oficialismo evalúa impulsar la destitución de todos los legisladores con causas judiciales abiertas, una maniobra que afectaría a múltiples figuras políticas de ambos lados del espectro.
En Argentina, Kueider enfrenta investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos durante su gestión como secretario general de la Gobernación en Entre Ríos. Estas investigaciones incluyen relaciones con empresarios y contratos irregulares. Así mismo, existen denuncias que lo vinculan con la adquisición de propiedades lujosas en Paraná y Concordia, utilizando presuntamente fondos de origen dudoso.
En Paraguay, el senador permanece bajo arresto domiciliario en un complejo de lujo en Asunción, mientras su defensa argumenta que su permanencia en el país es esencial para esclarecer los hechos. No obstante, muchos consideran que regresar a Argentina podría complicar aún más su situación judicial.
A modo de cierre, el caso Kueider expone los mecanismos de corrupción que trascienden fronteras y la falta de coordinación entre las justicias de Argentina y Paraguay. Este escándalo no solo pone en entredicho la integridad de un senador, sino que también refleja las fallas sistémicas en la lucha contra el lavado de dinero y el contrabando en la región. A medida que las investigaciones avanzan, queda por ver si la justicia logrará desentrañar la verdad detrás de los 211.000 dólares y las redes de poder involucradas.
Escrito por: Chervo, Genaro