El pasado lunes 28 de octubre, en la localidad de Rawson, se dio inicio a un juicio oral histórico en materia ambiental en nuestro país, acusando lo que algunos especialistas han catalogado como un ecocidio.
Este neologismo, que refiere a un daño efectuado sobre el ambiente, la flora y la fauna presentes en un espacio determinado, enmarca con precisión los sucesos imputados, ocurridos en noviembre de 2021.
En dicho año, un propietario de tierras ubicadas en Punta Clara -zona costera de la provincia de Chubut-, decidió utilizar maquinaria pesada para la construcción de un camino y poner vallas electrificadas en los límites de su terreno. La acción no hubiese escalado hacia una denuncia, de no ser por el hecho de que se encontraba dentro de un ambiente protegido y que la región es habitada por una de las poblaciones más grandes de pingüinos de Magallanes.
La región en cuestión se encuentra dentro del área protegida de Punta Tombo, así como también es considerada como Reserva Biósfera de UNESCO Patagonia Azul y Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). Por otro lado, el 40% de los pingüinos de Magallanes migran hacia este lugar entre septiembre y diciembre de todos los años para reproducirse.
Teniendo esto en cuenta, las acciones llevadas a cabo por el propietario de estas tierras terminaron en una masacre. En noviembre, plena época reproductiva, el terreno se encontraba colmado de nidos repletos de huevos o crías de pingüinos, los cuales terminaron destrozados por la maquinaria.
Cuando los hechos se dieron a conocer, múltiples biólogos de la región recorrieron el terreno para evaluar el impacto de las acciones. Según sus mediciones, se destruyeron aproximadamente 140 nidos, los cuales pueden llegar a contener entre dos o tres huevos y/o crías. A pesar de esto, el impacto se extendió en el tiempo. La valla electrificada separaba a los pingüinos adultos de los nidos que sobrevivieron, impidiendo que puedan llegar a ellos, o bien, les imposibilitaba poder ir a la costa para buscar comida.
Estos hechos, que bien podrían no haber producido ningún efecto, pasaron al ámbito judicial. La rápida denuncia permitió a los especialistas observar el impacto sobre la biósfera antes de que pueda ser modificado. Sumado a esto, la constante divulgación del caso a nivel nacional e internacional permitió iniciar la causa y, a mediados de este año, se decidió a realizar un juicio oral.
La participación internacional en este juicio, como así también la preocupación de múltiples investigadores por el hecho, demuestran la importancia de este juicio y, por tanto, las consecuencias que se apliquen sobre el responsable.
Por otro lado, es importante remarcar que este proceso judicial es el primero en la historia de nuestro país en tratarse de crueldad animal y daño ambiental agravado. Con esto, se espera que el hecho en cuestión cumpla un rol ejemplificador, mostrando cómo proceder en eventos futuros y previniendo otros mediante la muestra de las consecuencias de estas acciones.
Escrito por: Dorsch, Santiago