El pasado 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional de las Personas con discapacidad. Está fecha se declaró en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3., teniendo como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el corazón de la Agenda 2030, y muestran una mirada integral, consustancial y con una colaboración internacional renovada. Estas en conjunto construyen una visión del futuro que deseamos y esperamos. Tenemos que recordar que, para lograr estos objetivos, debemos cumplir la promesa de no dejar a nadie atrás, especialmente a los 1.300 millones de personas con discapacidad en todo el mundo.
Los ODS:
· Son universales: los ODS constituyen un marco de referencia verdaderamente universal y se aplicarán en todos los países. En la senda del desarrollo sostenible, todos los países tienen tareas pendientes y todos se enfrentan a retos, tanto colectivos como individuales, en la consecución de las diversas dimensiones del desarrollo sostenible, resumidas en los ODS.
· Son transformadores: en su condición de programa para “la gente, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas”, la Agenda 2030 ofrece un cambio de prototipo en relación con el modelo tradicional de desarrollo hacia uno más sostenible, que integra la dimensión económica, la social y la medioambiental.
· Son civilizatorios: confirman la responsabilidad de todos los Estados de “respetar, proteger y promover los derechos humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición.”
A continuación, unas palabras de António Guterres, Secretario General de la ONU:
“Un desarrollo verdaderamente sostenible para las personas con discapacidad exige centrarse de forma muy específica en sus necesidades y derechos, no solo como beneficiarios, sino como contribuyentes activos en la vida social, económica y política.”
Argentina, en 2008, aprobó por la Ley 26.378 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde entonces, el Estado, en articulación con la sociedad civil, trabaja en la
promoción de la autonomía, la inclusión, la equiparación de oportunidades y la no discriminación, bajo el Paradigma Social de Derechos Humanos.
Sin embargo, cabe destacar que en el informe de sistematización de las denuncias recibidas en nuestro organismo, se observa que el motivo de la discapacidad es el que mayor cantidad de casos presenta en el INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que tiene como fin brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos
discriminados o víctimas de xenofobia o racismo) desde 2008 hasta 2019 (20,2%), sin distinción de sexo y con presencia en todos los ámbitos de socialización. Particularmente, la discriminación hacia las personas con discapacidad en el ámbito laboral aparece como el segundo pretexto de
discriminación, luego del estado de salud.
La colaboración continua entre el Estado y la sociedad civil es esencial para avanzar hacia la autonomía, inclusión y no discriminación. Aunque se siguen implementando medidas de inclusión, la sociedad sigue marginando a las personas con discapacidad. Por ello, debemos cambiar
nuestras mentalidades y tenemos que empezar a normalizar la convivencia rutinaria, tanto laboral como social, con las personas en situación de discapacidad.
Escrito por: Petacci Rafaela
