Desde 1992, Argentina ha sido activa en las negociaciones climáticas internacionales, planteando temas como las emisiones del sector agropecuario y defendiendo la necesidad de financiamiento internacional para afrontar el cambio climático. Sin embargo, en la reciente COP29, celebrada del 11 al 22 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán, el país decidió retirarse, generando polémica y críticas.
Para entender aún mejor esta polémica, tenemos que saber qué es la COP (Conferencia de las Partes). Esta es una reunión anual organizada por la ONU donde los países acuerdan medidas para combatir el cambio climático. Argentina ha participado históricamente, firmando compromisos como el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Surgió que, a pesar de haber enviado una delegación técnica y representantes de la sociedad civil, el gobierno argentino decidió retirarla al segundo día de negociaciones sin dar explicaciones claras. Esta decisión contradice la Ley 27.520, que establece las bases para la adaptación y mitigación al cambio climático, y los compromisos internacionales ratificados por el Congreso Nacional.
El abandono de la COP29 afecta negativamente la imagen internacional de Argentina, especialmente en un contexto global donde cumplir con estándares climáticos es clave para el comercio y las exportaciones. Además, dejó a muchos observadores argentinos sin acreditación, limitando su participación.
La retirada de Argentina de la COP29 no es solo un golpe diplomático; también tiene implicancias económicas. En la cumbre, se discutió la creación de un mercado global de créditos de carbono, una herramienta clave del Acuerdo de París que permite a los países y empresas intercambiar permisos para emitir dióxido de carbono (CO₂). Este mecanismo podría generar inversiones multimillonarias en proyectos ambientales, pero la falta de participación activa del país pone en riesgo su acceso a estos beneficios.
Según la Mesa Argentina de Carbono, el país tiene un potencial único para convertirse en proveedor de reducciones de emisiones. Si se certificaran proyectos en solo el 10% de su superficie agropecuaria y forestal, los ingresos anuales podrían alcanzar entre 250 y 350 millones de dólares. Ampliar esta participación al 50% podría generar hasta 1.750 millones de dólares anuales, comparable a los ingresos de sectores como la minería y la carne.
Los mercados de carbono permiten a los países y empresas comercializar permisos para emitir CO₂. Aquellos que logran reducir sus emisiones por debajo de ciertos niveles pueden vender sus créditos a quienes superan esos límites. Este sistema fomenta la cooperación internacional y genera recursos para proyectos de mitigación del cambio climático.
En la COP29, se avanzó en la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, que regula estos mercados. Países como Chile, Colombia y Uruguay ya han firmado acuerdos bilaterales con naciones como Suiza y Japón. Mientras tanto, Argentina, sin un marco regulatorio robusto, está rezagada en el desarrollo de estos mecanismos.
La decisión de abandonar la COP29 podría comprometer el acceso a financiamiento internacional y a los mercados voluntarios de carbono, cuyo valor alcanzó 10.000 millones de dólares desde 2005. También afecta la competitividad de las exportaciones argentinas en un contexto global que demanda productos sostenibles y libres de deforestación.
Más de 70 organizaciones civiles argentinas han expresado su rechazo a la decisión del Gobierno y exigen el cumplimiento de los compromisos internacionales. A medida que otros países avanzan en la cooperación climática, la falta de participación activa de Argentina no solo pone en riesgo su economía, sino también su capacidad de contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
En un momento crítico para la acción climática, el retiro de Argentina de la COP29 representa una oportunidad perdida que podría costarle al país, tanto en términos ambientales como económicos.
La retirada no implica, al menos por ahora, que Argentina abandone el Acuerdo de París. No obstante, este gesto fue interpretado como un alejamiento simbólico de los compromisos climáticos y una posible señal de desinterés en iniciativas como los mercados globales de carbono, avanzados durante la cumbre.
El impacto económico podría ser significativo, ya que el país arriesga perder inversiones estimadas en 300 millones de dólares anuales derivadas de proyectos de captura y reducción de emisiones. Así mismo, pone en duda su capacidad para cumplir con estándares internacionales que son cada vez más relevantes en el comercio global.
El retiro de la COP29 coincidió con un acercamiento entre Milei y el ahora nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo calificó como su “presidente favorito”. Milei también decidió no asistir a la Cumbre Iberoamericana en Ecuador, optando por viajar a Florida para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), reforzando su vínculo con sectores conservadores internacionales.
Como ya fue mencionado, más de 70 organizaciones civiles expresaron su rechazo al retiro y solicitaron que el Gobierno cumpla con sus compromisos ambientales. Al mismo tiempo, esta decisión refuerza la preocupación sobre la falta de alineación del Gobierno con la comunidad científica internacional, que señala a la actividad humana como principal causa del calentamiento global.
La decisión de Argentina de retirarse de la COP29 es, en muchos sentidos, un paso hacia atrás en el compromiso del país con el desarrollo sostenible y la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. Si bien el argumento del Gobierno podría girar en torno a la independencia política o la crítica a ciertos organismos internacionales, los costos de esta decisión superan ampliamente los beneficios potenciales.
En un contexto donde el cambio climático no solo es un desafío ambiental, sino también un factor que define la competitividad económica global, abandonar un espacio como la COP es un error. Argentina tiene un potencial inmenso en términos de recursos naturales y biodiversidad, pero decisiones como esta diluyen su capacidad de aprovecharlo de manera sostenible y rentable.
Sumado a esto, el retiro envía un mensaje preocupante sobre las prioridades del país en un momento donde la sostenibilidad es una condición clave para acceder a mercados internacionales y atraer inversiones. Mientras otras naciones de la región, como Chile, Uruguay y Colombia, avanzan en acuerdos que promueven el financiamiento climático, Argentina parece quedar al margen, arriesgando tanto recursos económicos como su posición en la arena internacional.
En última instancia, esta medida no solo daña la imagen del país, sino que también limita su capacidad para influir en decisiones globales críticas y para participar en iniciativas que benefician tanto al medio ambiente como a la economía. Es un claro ejemplo de cómo una visión política puede comprometer intereses nacionales a largo plazo.
Escrito por: Monzón, Kevin