Hoy por hoy, Jujuy es la provincia más caótica del país y, a pesar de que la situación de la provincia que gobierna Gerardo Morales (el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta) es terrible hace semanas, los medios hegemónicos solo comenzaron a mostrar esa ferocidad hace algunos días, cuando comenzó la represión policial ordenada por el gobernador.
Lo extraño es que, tanto los medios como todos los integrantes de Juntos por el Cambio, instalaron la narrativa de que los violentos son los violentados, discurso que caló hondo entre gran parte del electorado, haciendo quedar a los manifestantes (docentes, médicos y miembros de comunidades originarias) como planeros, violentos y okupas.
Lo cierto es que Jujuy sancionó una nueva constitución provincial (sí, con minúsculas), que resultó ser completamente inconstitucional.
Para hacer un análisis de todo lo que pasó desde que se comenzó con este intento de reforma constitucional, debemos remontarnos a las elecciones a gobernador de Jujuy, donde Carlos Sadir, ministro del actual gobernador, se impuso con cerca del 50% de los votos por sobre el candidato peronista, Rubén Rivarola, que obtuvo poco más del 20% y Alejandro Vilca, el candidato de la izquierda, que terminó tercero con el 13%.
No solo en esa elección se elegía al gobernador y a legisladores provinciales, sino que también constituyentes que votarían la reforma que desató, entre otras cosas, este desastre. 29 de ellos los consiguió el partido del gobernador, mientras que el peronismo obtuvo 13, 7 más que la izquierda, que se quedó con 6 constituyentes.
Por más que el peronismo obtuvo cierta representatividad entre los constituyentes y de que la izquierda jamás habría votado esa reforma, el PJ jujeño se encuentra completamente cooptado por el oficialismo de la provincia y sus representantes votaron mayormente a favor de la reforma, mientras que los peronistas que se opusieron y los dirigentes de la izquierda renunciaron a formar parte de la aberrante sanción que estaba en tratamiento.
Ahora bien, ¿cuáles son los cambios en la nueva Carta Magna provincial? Los medios, tanto los que cubren a Morales como quienes lo critican, han hablado en reiteradas oportunidades sobre la quita del derecho a la protesta. Esto significa la cancelación de uno de los derechos más importantes de la sociedad, que es el de protestar cuando algo no anda bien. Desde Megáforo, solemos promulgar que debemos pasar de la protesta a la propuesta, pero… ¿qué sucede si nadie te escucha? ¿Qué podés proponer? Hace semanas que los docentes y demás empleados estatales se encuentran en las calles reclamando por un salario digno mientras que el gobernador es el mandatario provincial con más familiares dentro del Estado cobrando sueldos altísimos. Todo empeoró con el avance en la sanción de la nueva constitución, que provocó que las protestas, hasta ese momento pacífica, de empleados estatales se conviertan en una especie de guerra campal entre los efectivos policiales y los manifestantes.
El gobierno ordenó a la policía salir a reprimir a personas que, pacíficamente, pedían no tener un salario mínimo de $35.000 y que lo que cobren se pueda traducir en una mejor jubilación. A partir de eso, se pudieron observar imágenes de protestantes quemando autos, entrando a la Legislatura y rompiendo diferentes cosas en la vía pública. Así mismo, se vieron fotos y videos de policías usando camionetas privadas de empresarios amigos del gobernador y entrando a casas de manifestantes, pero esas no se mostraron.
De todas formas, en el fondo de la cuestión hay algo aún más importante: la explotación del litio y la ocupación de tierras pertenecientes a las comunidades originarias. No es novedad que en Argentina manejemos muy mal uno de los recursos más importantes que tenemos; el litio. Para decirlo de manera sencilla, se lo regalamos a empresas privadas extranjeras para que lo extraigan utilizando nuestra agua y dañando considerablemente el medio ambiente, se lo lleven a sus países sin dejar prácticamente regalías (nos quedamos con el 3% mientras que en Chile con el 40%) y nos vendan las baterías fabricadas por ellos a precios muy elevados. En síntesis, el litio es un negocio para todos: para las multinacionales que lo explotan, las empresas que fabrican las baterías, para el gobernador y sus funcionarios. Es un negocio para todos, claro, menos para los argentinos, que prácticamente no vemos un centavo de lo generado gracias a la explotación del litio.
La nueva Constitución facilita este negocio del litio con diferentes regulaciones, que comentaremos a continuación.
Gran parte del litio que tiene la provincia se encuentra en tierras fiscales, que desde hace años les pertenecen a diferentes pueblos indígenas, por lo que, para sacarles esas tierras, el nuevo artículo 74 dice que “las tierras fiscales tienen que ser un bien de trabajo y producción”, mientras que en el número 50 convierte al Estado provincial en el encargado de reconocer las tierras de los pueblos originarios y darles personería jurídica. Para extraer litio, se utiliza el agua y, ¿qué dice el artículo 75? Que el Estado provincial dispone del uso del agua y, como estas regulaciones iban a causar conflicto, en el artículo 67 se regula el derecho a la protesta social en lugares públicos.
A modo de conclusión, este artículo tiene en su título la descripción “Constitución inconstitucional”. ¿Por qué lo es? Porque incumple con el artículo número 75 inciso 17 de la Constitución Nacional sancionada en 1994, que establece: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”
¿Por qué el gobernador Morales impulsó una Constitución que no beneficia a los jujeños ni a los argentinos y solo favorece el crecimiento del negocio del litio?
Por: Tomás Ingoglia
